Por Maibort Petit
Antes de llegar al cargo de gobernador, Rick Scott tenía un amplio historial como empresario del ramo de la salud. El Jefe de Tallahassee era propietario de un emporio de clínicas en el estado que prestaban servicios bajo la aceptación de los programas de seguro del gobierno federal y local.
El negocio de la salud hizo a Scott un multimillonario empresario, cuya fortuna supera los $ 218 millones.
Como lo público y lo privado pueden entrar en conflicto fácilmente, el gobernador se vio obligado a pasar sus inversiones a nombre de su esposa. Una de ellas, equivalente a $62 millones correspondiente a un fideicomiso revocable, de la empresa Solanti Corp. que es una cadena de 32 centros de atención de urgencias médicas, fundada por el gobernador en el 2001 y que dirigió hasta enero del 2011.
Un día antes de asumir el cargo, Scott transfirió las acciones de Solantic Corp a su cónyuge, Frances Anne Scott. Según un trabajo publicado por Kris Hundley en el St. Petesburg Times. El excelente reporte, explica las andanzas del multimillonario funcionario para ponerse “legal” y evitar las críticas de sus opositores, al momento de sacar cuentas de los intereses públicos y privados que envuelven a Rick Scott.
El empresario de la salud, propuso ante la Cámara Legislativa de Tallahassee una serie de reformas para disminuir el déficit del presupuesto del Estado. Dentro de los cambios se incluyó cambiar a los pacientes de Medicaid para los HMO privados, así como también, disminuir las clínicas de salud pública y enfocarse en las privadas.
Hundley se pregunta si esos cambios impulsados por el ultraconservador gobernante no beneficiarían directamente la inversión de Scott de $62 millones de Solantic Corp. cuya dueña “por ahora” es la señora Frances Anna Scott.
Los beneficios que puede lograr el patrimonio de Scott no son ilegales de acuerdo a la ley de la Florida, y no existe ningún conflicto de intereses para el gobernador, ya que es su esposa la dueña de las acciones de Scott y quien lo representa en el consejo Solantic Corp. Con el cambio legal del poseedor de las acciones se solucionó el posible conflicto.
Cuando se le ha preguntado públicamente al gobernador sobre este asunto, el ha dicho que no esta involucrado en esta sociedad". Y, según los abogados de Scott “no hay conflicto” a menos que Solantic Corp haga negocios directos con el despacho del gobernador. En otros estados de la unión, la relación entre el negocio que se beneficia de este tipo de asuntos si es prohibido por ley.
No obstante, en Florida no existen barreras ni nada que impida que el gobernador promueva políticas y haga aprobar leyes que beneficien económicamente a los negocios de la familia de la cabeza del gobierno.
En el reporte de Hundley se señala que Scott apoya proyectos de ley que se mueven casi 3 millones de beneficiarios de Medicaid en los planes privados de atención médica administrada. Sí se aprueba la propuesta de Scott en la legislatura de mayoría republicana, la ley aumentaría dramáticamente la base de pacientes potenciales de Solantic Corp.
El reporte recuerda además que Scott está a favor de una legislación que requeriría que todos los beneficiarios de asistencia social para adultos - alrededor de 58.000 personas – se hagan pruebas de la droga pagadas de sus propios bolsillos. Unos 100.000 más se verían afectados por su plan para hacer proyecciones de drogas al azar de todos los empleados estatales a un costo máximo de $ 3.5 millones para el estado.
Según se informa e la página web, las clínicas de Scott no están ubicadas en Tallahassee y no tienen planes para abrirlas.
Kris Hundley hace referencia a que el presupuesto de financiación a los departamentos de salud pública propuesto por Scott, incluyen los chequeos, inmunizaciones y vacunas de viaje para muchas personas que no tienen los médicos privados. Solantic, que cobra $ 50 por exámenes físicos, podría tomar parte de este negocio”, argumenta.
Otro aspecto que destaca el conflicto de intereses para el resto de los estados, pero NO para la Florida es que es el mismo dueño de clínicas, es decir, el gobernador Scott sea quien nombre a los jefes de la Agencia de Administración de Salud y el Departamento de Salud, cuyo trabajo es otorgar y renovar las licencias, e inspeccionar e investigar las quejas contra los proveedores como Solantic. Eso es absolutamente legal en el estado del sol.
Solantic ha facturado a las agencias estatales $ 110.657 para los servicios en 2010 y 20.061 dólares en lo que va de 2011, dice el reporte. Como Solantic ha crecido, también lo han hecho el número de agencias estatales que utilizan sus servicios.
También informa Hundley que “Solantic ha construido un negocio exitoso sin la ayuda del Estado, basándose en los pacientes que tienen seguro comercial, Medicare o en efectivo”y que Medicaid representa sólo el 3,1 por ciento de todas las visitas de pacientes.
Los pagos por las agencias estatales a la empresa se han limitado principalmente a los pagos del departamento de salud para la determinación de la discapacidad.
Scott fue director ejecutivo de la Columbia / cadena de hospitales HCA. En 1997 fue obligado abandonar el cargo, en medio de una investigación de fraude de la oficina de facturación federal que resultó en el pago de una multa de $ 1,7 mil millones. Scott, salió de esa sociedad con $ 10 millones en indemnizaciones y $ 300 millones de dólares en acciones y opciones, y nunca fue acusado de ningún delito.
Cuatro años más tarde, Scott utilizó parte de esa riqueza para iniciar Solantic Corp. Scott estuvo activo en la empresa y en su junta hasta enero de 2010, cuando comenzó su carrera a la gobernación.
Florida es uno de los pocos estados en donde las inversiones de un cónyuge no vinculan al funcionario público en materia de intereses de conflicto. Este asunto fue abordado por la Comisión de ética de la Florida pero no pasó a mayores, porque la ley no tiene barreras en ese sentido.
Lo que es un conflicto de intereses –obvio- entre lo publico y lo privado, para la ley del estado no lo es, y el hecho que el gobernador Scott tenga una mayoría de acciones en Solantic Corp y que antes de asumir el cargo las hayas puesto a nombre de su esposa, no significa delito alguno. La ley no tiene penalidades para un funcionario público que se beneficie económicamente de sus propias políticas y que haga dinero para sí mismo, gracias a las reformas de la gobernación.
En el reporte también se hace referencia a una serie de opiniones vinculada al tema, y se explica que Scott se ha negado a vender las acciones, y por ello prefirió traspasarlas a su esposa en calidad de fideicomiso, con lo cual mantiene la vinculación con los intereses de la su empresa. Pero la Ley hace que Scott este en el camino correcto y que los beneficios que se generen para su empresa de su estancia en el poder en Tallahassee sea normal y no penado.
También informa Hundley que “Solantic ha construido un negocio exitoso sin la ayuda del Estado, basándose en los pacientes que tienen seguro comercial, Medicare o en efectivo”y que Medicaid representa sólo el 3,1 por ciento de todas las visitas de pacientes.
Los pagos por las agencias estatales a la empresa se han limitado principalmente a los pagos del departamento de salud para la determinación de la discapacidad.
Scott fue director ejecutivo de la Columbia / cadena de hospitales HCA. En 1997 fue obligado abandonar el cargo, en medio de una investigación de fraude de la oficina de facturación federal que resultó en el pago de una multa de $ 1,7 mil millones. Scott, salió de esa sociedad con $ 10 millones en indemnizaciones y $ 300 millones de dólares en acciones y opciones, y nunca fue acusado de ningún delito.
Cuatro años más tarde, Scott utilizó parte de esa riqueza para iniciar Solantic Corp. Scott estuvo activo en la empresa y en su junta hasta enero de 2010, cuando comenzó su carrera a la gobernación.
Florida es uno de los pocos estados en donde las inversiones de un cónyuge no vinculan al funcionario público en materia de intereses de conflicto. Este asunto fue abordado por la Comisión de ética de la Florida pero no pasó a mayores, porque la ley no tiene barreras en ese sentido.
Lo que es un conflicto de intereses –obvio- entre lo publico y lo privado, para la ley del estado no lo es, y el hecho que el gobernador Scott tenga una mayoría de acciones en Solantic Corp y que antes de asumir el cargo las hayas puesto a nombre de su esposa, no significa delito alguno. La ley no tiene penalidades para un funcionario público que se beneficie económicamente de sus propias políticas y que haga dinero para sí mismo, gracias a las reformas de la gobernación.
En el reporte también se hace referencia a una serie de opiniones vinculada al tema, y se explica que Scott se ha negado a vender las acciones, y por ello prefirió traspasarlas a su esposa en calidad de fideicomiso, con lo cual mantiene la vinculación con los intereses de la su empresa. Pero la Ley hace que Scott este en el camino correcto y que los beneficios que se generen para su empresa de su estancia en el poder en Tallahassee sea normal y no penado.
